Firma invitada: Gerardo Hernández Les
(Miembro del Consejo Político de UPyD)

Algunas consideraciones sobre el debate del Consejo Político de UPyD del día 28 de marzo

Apenas ha transcurrido una semana y todavía retumban los ecos del último Consejo Político. Es evidente, que la enmienda a la totalidad presentada por el Consejero Javier Carroquino, representa una concepción del partido diferente a la del Reglamento que se ha presentado avalado por el Consejo de Dirección.

Pero el debate, tal como lo ha expuesto Carlos M. Gorriarán en su Blog (“Del debate de día 28”), no tiene salida ni sentido, porque lo zanja desde una posición dogmática y hegemónica (Roma locuta, causa finita); aunque tiene una virtud, que no es otra que permitirnos a los demás referirnos públicamente al problema en cuestión con la misma franqueza y libertad como él lo ha querido plasmar. Es de agradecer que en el seno del partido podamos airear nuestras diferencias, cuando se dan, sin cortapisas de ningún tipo.

De hecho, el debate quedó listo para sentencia en el propio Consejo Político, no tanto porque existiera interés en mantener una discusión teórica, sino porque los términos airados en que el propio Carlos M. Gorriarán, y la misma Rosa Díez, afrontaron las réplicas no eran sinónimos de interés por aclarar nada, sino de afirmar un principio de autoridad. La vehemencia con que se exhibieron los dos máximos responsables del partido, no tenía como objetivo alcanzar algún espacio de encuentro, sino de romper todos los puentes con quienes podían presentar una manera distinta de entender la construcción del partido. Cuando Rosa vino a decir que “si esa visión del partido (la que presentaba la enmienda) triunfara, yo no militaría en ese partido”; senso contrario, podría entenderse que los derrotados en la enmienda estarían mejor fuera del mismo. A partir de ese momento ya no cabe discusión, ni se desea entendimiento posible. Lo que se escenificaba era un linchamiento sobre el enmendante –y sobre los que se dispusieran a sostener su propuesta- y una exigencia de plebiscito para dar por zanjada definitivamente la cuestión. Lo alarmante ya no era la discrepancia en sí, sino la forma autoritaria de abortarla.

El apoyo a la enmienda a la totalidad –por parte de quienes lo hicimos- no era tanto el estar de acuerdo, punto por punto, con todo el articulado de la enmienda, como con el espíritu que traslucía de la misma, más acorde, a nuestro parecer, con el proyecto originario del Manifiesto fundacional que con el Reglamento que se discutía. El debate sobre listas abiertas o cerradas no puede dirimirse en términos de todas abiertas o todas cerradas, sino en función de la racionalidad capaz de conjugar la eficacia organizativa con la mayor participación de los afiliados a la hora de conformar los órganos de dirección del partido.

En este sentido no tendría que ser difícil ponerse de acuerdo, si imperara la voluntad política de entendimiento, en convenir en el caso del Consejo de Dirección (sin duda el aspecto más controvertido) que el/la Portavoz, como máximo representante del partido, gozara de la facultad de elegir discrecionalmente un tercio, al menos, de los miembros del Consejo de Dirección, y el resto fueran elegidos en lista abierta. Otra cosa (elegirlo todo en lista cerrada) sería volver al punto de partida, donde UPyD nació como un partido carismático –no podía ser de otra manera- y así lo aceptamos todos de buen grado hasta que, en dos años, se celebrara el Congreso. Trasponer este mismo esquema, sin solución de continuidad, al momento actual legitimándolo en un Congreso con mayorías y minorías claras, no resolvería el problema de alcanzar un espacio que fuera compartido por todos los que creemos en el proyecto que nos dimos en el acto fundacional.

A fuer de ser realistas, este diseño sólo puede abocar a la creación de un macroaparato, incontrolable por los afiliados y proclive a caer en un modelo bipolar escindido, no de dirigentes y dirigidos, sino de dominantes y dominados. Si hay algo consustancial a la democracia es el control del poder y, naturalmente, la igualdad en las relaciones de poder. Algo difícil de hacerse realidad con la aplicación del Reglamento que aprobamos el pasado día 28 de marzo.

Por lo demás, tampoco puede ser tan difícil de entender que el cargo de Portavoz fuera elegido independientemente del resto del Consejo de Dirección –y está muy bien que lo sea por todos los afiliados- pero esa separación tiene, entre nosotros, una lógica aplastante, porque en un partido donde la figura y el liderazgo de Rosa no lo discute nadie, tratar de montar una lista para enfrentarse a la del actual Portavoz es absurdo, tan absurdo como que ésta nombre a su gusto a la totalidad de los miembros del Consejo (sin posibilidad de revocación), una vez transcurrido el período precongresual y fundacional de dos años.

El intento de conformar el principal órgano de dirección del partido en elección de listas cerradas no tiene otro sentido que mantener el mismo modelo de autoridad vertical que rige en el presente, y denotar, a su vez, una desconfianza absoluta hacia el conjunto de los afiliados. No nos engañemos, lo que hemos defendido todos desde el principio, empezando por la Dirección, han sido las listas abiertas, y no sólo para mejorar nuestra democracia a nivel del Estado, sino a nivel de los partidos, como una forma inevitable de revitalizarlos, otorgando a los afiliados una vía de participación que, en España, brilla por su ausencia y ha hecho de los partidos estructuras oligárquicas ajenas a los ciudadanos. No es serio que vengamos ahora con que lo de las listas abiertas está bien para el conjunto de la sociedad, pero no para las formaciones políticas, dado que serían incompatibles con la eficacia y la coherencia que tiene que exigirse a los equipos de trabajo en el interior de un partido.

Si para defender esta postura tenemos que buscar soportes teóricos en los clásicos de la sociología política (Michels, Duverger, Sartori,etc.), vamos a encontrar tantos puntos a favor como en contra, por lo que será mejor que tomemos como referencia nuestras propias experiencias políticas y saquemos conclusiones. Y, la más importante de todas ellas, es que quienes hemos llegado a UPyD desde otros partidos no queremos reproducir los mismos clichés y los mismos aparatos que hemos conocido en los partidos que son hegemónicos en España, que pueden servir para ganar elecciones, imponer orden entre los militantes y promocionar políticamente a los más fieles (y no necesariamente los más leales); pero estos partidos son responsables en primera instancia de habernos instalado en una partitocracia sin paliativos, y de haber conducido a nuestro país a una crisis política de tal envergadura que ha hecho necesario el alumbramiento de una fuerza política como UPyD.

Los que pretendemos fórmulas partidarias que -a nosotros, claro está- nos parecen más democráticas, no proponemos una democracia asamblearia (por cierto, querer endosarnos a algunos esta intención sí que es una verdadera falacia), sino la misma democracia representativa que queremos para el conjunto de la sociedad, que no tiene que ser idéntica, pero sí equivalente. Quienes vemos así las cosas nos resulta paradójico que en un partido donde no se dan discusiones políticas sobre el programa y la acción política –que, a fin de cuentas, es lo importante- porque hay una unanimidad total, tengamos, sin embargo, tantas dificultades para ponernos de acuerdo sobre el modelo de partido, y lo descubramos ahora y no cuando echamos a andar. Sería difícil, para cualquiera, entender una fractura basada en cuestiones meramente organizativas, sin que haya diferencias ideológicas de cierto calado.

Una última cosa. Nos negamos a admitir que nos hemos dejado, a lo largo de casi dos años, nuestras energías, nuestra entrega incondicional, nuestra ilusión, el esfuerzo con el que también hemos contribuido a conseguir representación parlamentaria, para tener que llegar a la conclusión que esto podría ser más de lo mismo. Nos negamos.
La transversalidad, que está funcionando ideológicamente, no tiene porqué no funcionar a la hora de ponernos de acuerdo en articular las estructuras organizativas; lo inverso haría pensar que su significado sólo tiene sentido como ingenio de propaganda de cara a la galería. Sólo es cuestión de voluntad política, la misma que se necesita para lograr los pactos que nosotros exigimos a otros partidos en cuestiones que nos parecen capitales, y ésta –el acuerdo de convivencia política en el interior del partido- también es una cuestión capital. Lo contrario parecería un suicidio político programado.

(*) Este artículo se remitío hace días al responsable de la web del partido en Andalucía, sin que hasta la fecha (16/04/2009) se haya publicado


Gerardo Hernández Les
Miembro del Consejo Político de UPyD

Madrid, 4 de abril de 2009

UPyD: el partido al que me uní

(Fuente: publicado en el diario ABC, el 29 de marzo de 2006)

LA DEMOCRACIA EN LOS PARTIDOS

Carlos Martínez Gorriarán

... El sistema democrático funciona mejor o peor gracias al sistema constitucional de equilibrio de poderes y contrapoderes, y sobre todo por la concurrencia de partidos rivales que compiten entre sí, obligando al otro a moderarse y a tratar de sintonizar con la ciudadanía que le vota...

La democracia de los partidos políticos no es un asunto interno, sino un problema que afecta e interesa al conjunto de la sociedad. La reciente defenestración de Rosa Diez de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, perpetrada por la dirección de su partido con modos y argumentos incoherentes con los requisitos democráticos y el sentido común, acaba de actualizar ese problema, pero conviene aclarar que el PSOE no es, de ningún modo, el único partido sorprendido en semejantes tejemanejes autoritarios. Lo cierto es que son la norma, porque las deficiencias democráticas de los partidos no son de derechas ni de izquierdas: tienen poco que ver con la ideología fundadora y mucho con el modelo de organización y gestión del poder.

Los partidos están estructurados de modo que un pequeño aparato de dirección, organizado en círculos concéntricos de poderío de creciente y dependencia creciente del aparato central, gobierne sin oposición sobre un gran número de afiliados y administre, también sin oposición, un número todavía mayor de votos considerados como simples cheques en blanco extendidos a un portador al que no es posible pedirle cuentas hasta las siguientes elecciones. Por eso Popper definió la democracia como ese sistema donde todo se reduce a votar un cambio de gobierno cada cierto tiempo, y sin ninguna garantía de que el nuevo vaya a mejorar la trayectoria del precedente.

La gran paradoja es que el sistema constitucional que los partidos están llamados a legislar y gobernar tiene exigencias democráticas que aquéllos no admiten en su seno.

Las constituciones democráticas instituyen un sistema de contrapesos entre los distintos poderes que tiene la misión de frenar, compensar o corregir la tendencia a concentrar la decisión en un número muy reducido de personas, con el consiguiente incremento del abuso, la arbitrariedad y la corrupción. En realidad, un sistema democrático no es aquel donde la corrupción o los abusos sean imposibles, como piensan los afectados por el síndrome de Peter Pan, sino un sistema que permite perseguir y depurar esas conductas con garantías jurídicas. El mismo sentido tiene la limitación constitucional de competencias gubernamentales, y la preservación de los derechos inalienables —de las personas, no de los colectivos— para limitar la intromisión del legislativo y el poder judicial en las vidas privadas. Pues bien, nada de eso funciona o cuenta en los partidos políticos, donde los aparatos disfrutan de un poderío comparable al casi omnímodo de un concilio medieval: definen la doctrina y la herejía a erradicar, emiten anatemas e indulgencias y proclaman excomuniones irrevocables.

Es cierto que los estatutos de los partidos garantizan muchos derechos a los militantes e imponen numerosas limitaciones a los cargos, pero la inexistencia de competencia interna en forma de oposición reconocida, y la coincidencia de las funciones de juez y parte en los mismos círculos de poder, suelen dejarlas en nada. Todos los esfuerzos se dirigen a reforzar el monolitismo y a excluir a los disidentes, prioridad que a la larga redunda en el empobrecimiento intelectual de los cargos partidarios, cooptados entre la afiliación más sumisa y más ansiosa de disfrutar la carrera política que sólo el partido —el aparato— puede darle. Por eso la disparidad pública se entiende como una muestra dramática de división, nunca de un pluralismo no deseado, y por lo mismo se procura evitar que en los congresos del partido se presenten dos o más candidaturas a los órganos de gobierno. De ocurrir, la minoría derrotada sabe que tiene los días contados. Y es ese leviatán demoledor, irrespetuoso con las minorías, cerrado a la sociedad e impermeable a la argumentación de ideas, quien está llamado a gobernar una sociedad que pretendemos abierta, pluralista y basada en la rivalidad permanente entre ideas, grupos e intereses muy diversos, legítimos o no.

Sin embargo, no existen alternativas democráticas racionales al sistema de partidos políticos. Las opciones asamblearias, comunitaristas o corporativas acaban siendo ferozmente antidemocráticas. ¿Dónde está pues la solución? Quizás en que los partidos estén obligados a imitar el funcionamiento de la democracia, y no al contrario.

El sistema democrático funciona mejor o peor gracias al sistema constitucional de equilibrio de poderes y contrapoderes, y sobre todo por la concurrencia de partidos rivales que compiten entre sí, obligando al otro a moderarse y a tratar de sintonizar con la ciudadanía que le vota. Sin embargo, la degeneración del funcionamiento interno de los partidos también acaba poniendo esto en peligro. El catalán se ha convertido en un caso paradigmático de esta deriva, y ya ha afectado a toda España.

Como es sabido, el 90 por ciento de los diputados del Parlamento catalán, con la solitaria excepción del PP, aprobaron un proyecto de Estatut inconstitucional que la mayoría de la sociedad catalana ni reclamaba ni entendía. Las encuestas más favorables coincidían en que apenas el 55 por ciento de los catalanes apoyaban el nuevo texto, y en que menos del 35 por ciento apoyan la idea de que Cataluña sea una nación. Por tanto, las razones que han movido a los partidos catalanes —y muy especialmente el PSC— a pretender lo contrario con insólita cuasiunanimidad hay que buscarlas en la lucha de los aparatos partidarios por blindar un conjunto de competencias exclusivas que nadie ajeno al establishment pueda disputarles ni revocar en el futuro: su propia carrera política. Naturalmente, este sórdido deseo de monopolio garantizado por ley —cuya muestra más elocuente es la obscena importancia política dada a la explotación del rentable aeropuerto de Barcelona— va convenientemente envuelto en la retórica emocional del nacionalismo más rancio y decimonónico. Pero con el nuevo Estatut, Cataluña no es siquiera una romántica nación cultural, es simplemente una carrera política reservada a los aparatos partidarios.

¿Podrían mejorar este panorama reformas como las listas abiertas, la tutela legal y judicial de la democracia en los partidos, considerada como asunto de interés público y no privado, o un funcionamiento de las instituciones parlamentarias menos sometidas a la disciplina del voto? Es posible, o quizá no. De cualquier manera, ya es hora de tomar conciencia de que algunos de los peores problemas políticos que padecemos —Estatut catalán y normalización vasca, por ejemplo— obedecen, en realidad, a problemas internos que los partidos exportan unilateralmente al conjunto de la sociedad.

CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN
Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco.
(ABC, 29-03-2006)

Bellas palabras

-Un extracto de la conferencia de Rosa Díez en el Club Siglo XXI, en mayo 2008:

Regenerar la democracia es uno de los objetivos fundamentales del nacimiento de Unión Progreso y Democracia. Creemos que el sistema actual de partidos está caduco, agotado. Los ciudadanos ven a los partidos políticos como una especie de cártel, de club de intereses en el que los dirigentes discuten entre ellos de sus cosas, lejos la mayor parte de las veces de las cosas que afectan al conjunto de los ciudadanos. Ese desafecto entre la ciudadanía y la política es creciente y de no atajarlo, lejos de ser un problema coyuntural, acabará debilitando el propio sistema democrático. Recuerdo que sobre este tema, --la necesidad de democratizar los partidos políticos y de devolver a los ciudadanos el control sobre la política—versó mi primera intervención en este Club allá por febrero del año 2000. Entonces me presentó Fernando Savater, que hoy me acompaña vigilando el buen rumbo de la piragua. Pues bien: en el año 2008 regenerar la democracia sigue siendo una de nuestras asignaturas pendientes. Por eso proponemos una serie de reformas legislativas:

a) regular por ley la limitación de mandatos;
b) elección directa de los cargos unipersonales, empezando por los alcaldes;
c) elección de los candidatos por el sistema de primarias;
d) listas abiertas y no bloqueadas.

Cada una de estas propuestas por sí sola no resuelve los problemas de lejanía y desafecto de los ciudadanos respecto de la política. Y todas ellas requieren de una democratización de los propios partidos políticos. Pero este es un debate que hemos de ser capaces de abordar urgentemente. Porque si los ciudadanos “pasan” de política, la política queda en manos de aquellos que no la necesitan para seguir dirigiendo el mundo; y eso termina afectando la calidad de nuestra democracia. Por eso insisto: hay que cambiar los partidos para cambiar la política; y hay que cambiar la política para cambiar la sociedad. Eso es la regeneración democrática.

(Enlace para leer la conferencia completa: una magnífica conferencia en que se resumen los objetivos y el programa que nos hizo a algunos unirnos a este proyecto)

-Un vídeo (casero, baja calidad de imagen pero se oye todo) de Rosa Díez, en un blog de otro que no entiende lo que está pasando:

Intervención de Rosa Díez, en Oviedo, 2007

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El partido que se está configurando

(si el I Congreso no lo remedia)

Marzo de 2009: un acusado viraje

30 de Marzo de 2009

Entrada publicada por Carlos Martínez Gorriarán en su blog:

"Del debate del pasado 28"

(28-03-2009: éste fue el día en que se aprobó el Reglamento para el I Congreso de UPyD, que, entre otras cosas, establece listas completas, cerradas y bloqueadas, para la elección del Consejo de Dirección por los afiliados)

Algunas refutaciones a ciertas falacias que pueden ser muy populares

Falacia de la equiparación Partido-Estado: El partido debería “aplicar internamente” los criterios de “democracia y pluralidad” del programa electoral. No es así: el programa del partido está concebido para reformar las instituciones básicas del Estado, comenzando por la Constitución, no para “reformarse” a sí mismo. Un partido democrático no es un Estado en miniatura, sino una entidad completamente diferente : una asociación de finalidad política, a la vez pública y privada, formada por personas que comparten un ideario y un programa, por lo que el gobierno del Estado democrático no sirve como modelo para el gobierno de un partido.

Falacia de la confusión partido-sociedad e incomprensión de la transversalidad: “Como no puede ser de otra manera, las mismas propuestas que consideramos válidas para ofrecerlas a la sociedad en nuestro programa electoral han de guiar nuestra práctica democrática interna”. Sí puede ser de otra manera, y además debe serlo: por poner un ejemplo sencillo, el partido no tiene por qué adoptar el sistema electoral que proponemos para las elecciones generales en sus elecciones internas, ni tiene que replicar todas y cada una de las instituciones del Estado con sus réplicas partidarias (desde la policía a la Seguridad Social). Un partido propone una política para toda la sociedad en su conjunto, no para esa sección especial y limitada que es uno de los partidos políticos que existen en su seno. La argumentación sobre la “confluencia de voluntades fruto de la transversalidad y de la carencia de dogmas” es puro parloteo. La transversalidad no es “carencia de dogmas”, sino reconocimiento de que somos un partido con personas con ideas distintas en ciertas materias, no con ideas indiferentes, intercambiables o inexistentes. La “sana pluralidad”, como la “gestión de la diversidad”, no son ilimitadas ni infinitamente elásticas, sino limitadas a quienes comparten el proyecto político que da sentido al partido, nunca al revés. No tiene ningún sentido fundar un partido sólo para experimentar los goces de la pluralidad y la diversidad.

Una estructura asamblearia por territorios y sin dirección política ... porque no hay proyecto político común: la estructura orgánica que propone la enmienda a la totalidad dibuja un partido con:

a) - una estructura basada en la prioridad de los representantes de territorios sobre la de afiliados: pasamos a ser una suma de partidos autonómicos. La conversión del Portavoz en Coordinador General es coherente con esa idea de la coordinadora de coordinadoras territoriales.

b) – un partido sin equipo de dirección de un proyecto coherente: la idea de elegir la dirección por listas abiertas elimina la posibilidad de votar a equipos, obliga a los aspirantes a formar parte de la dirección a volcarse en campañas internas para ser votados por afiliados en todas las CCAA, y produce una dirección por cuotas de territorios o familias políticas semejante a las que tienen los partidos y sindicatos tradicionales.

c) – pérdida de poder de los afiliados: en la enmienda se les priva de la posibilidad de elegir a la dirección, instaurándose el sistema de intermediarios de los partidos tradicionales. Con delegados al Congreso elegidos en las CCAA con su cuota proporcional, investidos de la cualidad de únicos electores del partido, el resultado es, pese a toda la verborrea sobre más democracia interna y nuevo partido, idéntico al modelo del PSOE o el PP.

d) – La elección universal del Coordinador General convierte a éste en una figura sin posibilidad de elegir su equipo de dirección, y condenado al ejercicio de un papel arbitral y moderador entre los grupos del CD y del CP que abona la reproducción automática del chalaneo y el pacto entre grupos de presión como sistema de gobierno del partido.

La falacia de las personas “más conocidas” como las más idóneas: la afirmación “preferimos las candidaturas personales mejor que las listas, que siempre se prestan a favorecer un esquema de funcionamiento basado en los grupos, corrientes y en el favor del aparato”, puede tacharse de típicamente populista. En primer lugar, la conformación de equipos, que siempre son grupos, permite promover a personas no muy conocidas por los afiliados, pero idóneas por su capacidad, experiencia y conocimientos especializados. Un grupo seleccionado única o básicamente por el criterio de “conocimiento” público, premia a quienes se dedican a ser conocidos y penaliza a quienes se dedican a una labor más discreta o compleja, y alejada de los focos.

La falacia final de que la novedad del partido sea una consecuencia del estilo de liderazgo que integre “las aportaciones libres y plurales, donde cada persona elegida lo sea por méritos propios y no por estar incluida en una lista”. Por el contrario, el liderazgo lo es en la medida en que encarna un proyecto político nítido y creíble. Lo que excluye muchas posibles aportaciones “libres y plurales” si son incompatibles con ese proyecto político. Por ejemplo, “aportaciones” para que UPyD apoye el socialismo autogestionario, el derecho de autodeterminación para las CCAA o la alianza de civilizaciones. Sin duda, aportaciones tan libres y plurales como ajenas a nuestro proyecto político.

(Del blog de Carlos Martínez Gorriarán)

Como ya sabréis muchos, he sido suspendida fulminantemente como editora de la página web local de UPyD Granada, con fecha 28 de marzo (sí, exacto, la misma fecha de celebración del pasado Consejo Político de UPyD, donde se aprobó el Reglamento para el I Congreso, al cual, ese mismo día, presenté 19 enmiendas, todas rechazadas democráticamente por amplia, amplísima, mayoría de los consejeros votantes).

Como las razones aducidas no han sido legítimas (al contrario que el acto en sí), copio a continuación la carta que he dirigido al encargado de Organización nacional, a fin de disipar cualquier infundio que se haya pretendido insinuar sobre mi gestión.

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Estimado Juan Luis Fabo:

He sido cesada en la gestión de la página web de Granada por Antonio Ballesteros, quien, en comunicación dirigida a mí por correo electrónica y enviada el pasado 28 de marzo, día del reciente Consejo Político, alega como razones haber encontrado en la web de Granada ciertos dominio y correo electrónico, en los siguientes términos:

“Quizás no llegue a comprender tus palabras cuando me indicas que pensabas que el dominio upydgranada.es lo había comprado el partido, pues en el registro del mismo no figura más que un teléfono móvil que curiosamente es igual que el tuyo.

Creo que la situación ha llegado al punto en el que habiendo perdido la confianza que deposité en ti, y dada la gravedad de querer hacer pasar correos del tipo organizacion@upydgranada.es como de UPyD, y como responsable de las webs del partido, debo suspender la gestión de la web de Granada que has realizado hasta el momento.”

Por supuesto que este señor, como encargado de las webs del partido, puede decidir prescindir de mi colaboración voluntaria cuando quiera. Pero lo que no puede, de ninguna manera, es insinuar que en mi proceder ha habido algún tipo de deshonestidad. Por ello, me dirijo a ti para poner en tu conocimiento, a efectos de salvaguardar mi buen nombre, que:

1. El dominio upydgranada.es lo compró el partido en diciembre de 2008, y ello fue comunicado oficialmente, remisión de factura incluida, a Fernando Cózar, que fue la persona a la que tú mismo, informado del asunto en diciembre pasado por la coordinadora territorial, indicaste se le debería remitir la información. El que en el registro oficial del mismo (a nombre y cargo del CIF de UPyD), figuren algunos de mis datos, como mi teléfono, se debe sin más a que, como parte de mi colaboración con el partido, accedí a ello, por ser la persona que ha venido gestionando los asuntos de la web de Granada; por lo mismo, fui yo la encargada de redireccionar el dominio hacia la página local oficial, único uso que, desde que fue comprado el dominio por UPyD, se ha hecho del mismo.

2. El correo a que refiere, organizacion@upydgranada.es , es uno más de los numerosos que figuran todavía en todas las páginas oficiales de UPyD y que no se corresponden con las extensiones “@upyd.es”, sino que son correos de los militantes, quienes, dada la tardanza de la puesta en funcionamiento de una intranet efectiva, con la dotación a todos los que trabajamos en este proyecto de un correo oficial, los ponen a disposición del partido. El mencionado correo, en concreto, es uno de los que el anterior responsable de organización de UPyD en Granada tuvo en su momento en uso. Así que mi error, en todo caso, es no haberlo actualizado, ya que se produjo recientemente un cambio en el puesto de responsable de organización en el CEP de Granada, de forma que ese correo estaba ya obsoleto (y de hecho, inoperativo, pues, como se habría podido comprobar fácilmente, los correos a él dirigidos rebotaban sin más).

Sin más, atentamente

María Cruz Boscá